Una vez más, Juan Carlos I pone en aprietos a la monarquía con las nuevas investigaciones que las autoridades de España hacen sobre él y el origen del dinero con el que llevaba un tren de vida más caro del que le correspondía.

Sobre el rey emérito Juan Carlos no cesan de publicarse noticias acerca de la presunta corrupción en la que se ha visto envuelto. Las más recientes se
difundieron la semana pasada. La primera nota se publicó el 3 de noviembre y se refiere a una investigación que la Fiscalía Anticorrupción de España está llevando a cabo sobre gastos de tarjetas de crédito de las que no era titular pero que él y su famita utilizaban, reportó elDiario.es, un medio periodístico digital.

El reportaje cita fuentes cercanas a la investigación, que involucra también a la reina Sofía y a “varios de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos”. Estas tarjetas eran pagadas por una cuenta que no era de ningún miembro de la familia de Juan Carlos y la Fiscalía está rastreando a dos personas que pudieron estar detrás de un dinero que él y su familia no declararon a Hacienda. Se trata de un ciudadano mexicano y de un mando del Ejército del Aire.

Periódicos como El País y El Mundo publicaron que la reina emérita no está
involucrada en esta investigación, algo que elDiario.es sostiene. Este medio fue fundado por varios periodistas reconocidos en España y otros países. Su
director, Ignacio Escolar, firmó la nota junto con el reportero Pedro Águeda.

El día 4, elDiario.es continuó publicando sobre el tema e informó los nombres de las personas detrás de estas operaciones de la familia real, según la investigación de la fiscalía. Uno de ellos es Nicolás Murga Mendoza, teniente coronel del Ejército del Aire y colaborador muy cercano a Juan Carlos desde hace varios años. Murga fue su “ayudante de campo” hasta el año pasado y la Fiscalía cree que fue el testaferro o prestanombres del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, de quien presuntamente proviene parte del dinero con el que Juan Carlos y su familia disfrutaron de un alto nivel de vida durante los años fiscales 2016, 2017 y 2018, de acuerdo con elDiario.es.

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¿Por qué tanto escándalo? Simple.

El emérito tenía una partida anual pagada por el Estado, la cual le fue retirada hace unos meses por parte del actual rey, su hijo Felipe VI. La reina Sofía aún conserva la suya. Pues bien, ambas partidas no alcanzaban para el nivel de vida que las autoridades señalan que llevaban los eméritos y que disfrutaban hasta sus nietos, según elDiario.es.

Además de que, como mencioné arriba, no declararon este dinero a la
Hacienda de su país.

Ante esto, es posible que el emérito y su familia tengan problemas si no
justifican estos gastos y el origen del dinero con el que los pagaron porque,

aunque Juan Carlos y Sofía aún cuentan con fuero, los hechos sucedieron tras la abdicación de él en 2014, cuando dejó de ser el jefe de Estado y por tanto perdió su inviolabilidad, es decir, dejó de contar con exoneración total de responsabilidad en lo penal, civil, laboral, fiscal, etcétera, por cualquier acto realizado.

¿En qué más está involucrado el emérito?

Solo un día después, el 5 de noviembre, el periódico El Confidencial publicó
más sobre este nuevo escándalo y lo vinculó a otros pagos, comisiones o
donativos que el emérito ha recibido por años a través de organismos como la Fundación Zagatka, creada por su primo Álvaro de Orleans-Borbón, la cual recibió una comisión de 4.6 millones de dólares en 2009 “por una supuesta labor de asesoría en el desarrollo de un resort en Playa del Carmen”, que en esa época pertenecía a la controvertida empresa OHL, cuenta el diario. Hace tiempo, se reveló que Orleans-Borbón admitió este tipo de operaciones ante el fiscal de Suiza que lleva el respectivo caso en ese país.

Este viernes 6, el mismo periódico publicó que el Tribunal Supremo abrirá una diligencia más relacionada con el emérito. A diferencia de las notas anteriores, esta información no se difundió a través de una “filtración” a los medios de comunicación, son declaraciones nada menos que de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, y de Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Aunque no se reveló el contenido, Luzón dijo que se basan en “un informe de inteligencia financiera que podría afectar también al anterior jefe del Estado (Juan Carlos)”, claro, si es que los hechos sucedieron después de la abdicación y quizá podrían implicar a otros miembros de la familia del emérito.

El Confidencial dice que esta investigación podría ser por lavado de dinero
debido a que “las alertas saltaron por un aviso del Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias”.

Es así que, de acuerdo con este diario, además de la investigación anterior, el rey emérito está involucrado en otras dos:

Aunque los hechos sucedieron cuando Juan Carlos aún era jefe de Estado y no se le puede imputar algo, continúa la diligencia sobre el tren AVE a La Meca. Se dice desde hace años que el emérito fue una especie de gestor de
empresarios españoles ante inversionistas de Medio Oriente y que se pagaron sus “servicios”.

La segunda investigación es con la que empecé esta nota y se valora si el rey
emérito cometió delitos fiscales y de lavado por las tarjetas (que presuntamente pertenecen al empresario Sanginés-Krause) con las que él y algunos miembros de su familia pagaron sus lujosos gastos.

En todos estos líos no se ha mencionado en ningún momento al rey Felipe VI ni a su familia (Letizia, Leonor y Sofía). Tanto con elDiario.es como El
Confidencial
dicen que ellos no están siendo investigados.

Un paisaje sombrío

Por supuesto, la casa real española ha había hecho o emitido ninguna
declaración al respecto hasta este viernes y seguramente no lo hará, sin
embargo, en Twitter varios ciudadanos españoles enlazaron las mencionadas notas periodísticas para reclamar o manifestar su enojo ante este nuevo escándalo.

¿Cómo sobrellevarán el rey Felipe VI y su familia toda esta tormenta? Una más tan solo este año. Una tormenta que ya tocó a la reina emérita Sofía en el caso de las tarjetas de crédito, aunque los periódicos El País y El Mundo aseguran que su nombre no aparece en la investigación.

Incluso así, y aunque Felipe no esté involucrado, el daño a la monarquía
española sigue profundizándose.

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